Escrito por Red de Mujeres afrolatinoamericana, afrocaribeña y de la Diáspora
comisión interamericana de derechos humanos
28 de marzo de 2011
I. Introducción
Buenas tardes Comisionados, Comisionadas y público presente. Antes de presentar a las participantes de esta audiencia, queremos agradecer a la Ilustre Comisión el otorgamiento de la misma que es de suma relevancia para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de la región.
Esta audiencia ha sido solicitada por organizaciones de 12 países de la región que trabajan en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. En representación de ellas nos encontramos las siguientes personas:
- Mariela Belski de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina
- Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana y coordinadora de la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe
- Margarita Rivas, de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador
- Marta María Baldón, de Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua y
- Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México
Se señalarán algunos signos comunes que hemos encontrado en la región sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en el efectivo ejercicio del derecho a la salud reproductiva, los cuales tienen su origen en la discriminación histórica sufrida por la mujer en América Latina y el Caribe, por el hecho de vivir el proceso biológico del embarazo.
El abordaje integral de los derechos reproductivos debe incluir el análisis de la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras desde el marco de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, nos referiremos de manera exclusiva a las consecuencias que tiene la penalización de la interrupción del embarazo en el goce de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, al más alto nivel de salud reproductiva, a la intimidad, a la dignidad, a la libertad personal y al derecho a vivir libres de violencia y discriminación.
Un primer signo que identificamos, es la interpretación restringida del derecho a la salud que han adoptado la mayoría de los países de la región, que tiene como consecuencia, que se excluya la salud sexual y salud reproductiva de la política pública de salud.
II. Marco Normativo
Observamos con preocupación la falta de marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, pues en la región existen 5 países que tienen totalmente penalizado el aborto (Chile, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras). Como resultado de este marco de restricción absoluta, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, son obligadas a continuar con sus embarazos resultados de violación, afectando severamente su salud física, mental y emocional o a morir a causa de ello.
En otros países, los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, pero aún están muy restringidas a circunstancias extremas como son los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer, o daños a su salud física (Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay, Haití, Paraguay, Perú, entre otros). Sólo Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México permiten la interrupción del embarazo temprano.
Sin embargo, en muchas ocasiones se presentan serios obstáculos para que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo en estas circunstancias como las siguientes:
- Falta de implementación de protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo, pues en la mayoría de los países de la región no existen protocolos que permitan acceder al aborto en los casos establecidos en la ley, y en aquellos en los que sí existe, su implementación es casi nula.
La falta de implementación de estos protocolos impacta de modo negativo en el acceso al aborto permitido, ya que al no existir estándares de aplicación los médicos padecen confusión y desconcierto cuando deben asistir a mujeres o adolescentes que solicitan abortar en los casos permitidos por ley.
- En los casos de violación sexual, las mujeres no reciben información sobre la posibilidad de quedar embarazadas, tampoco se les suministra la anticoncepción de emergencia para prevenir el embarazo. Una vez confirmado el embarazo, tienen que cumplir una serie de requisitos para acceder a su interrupción, como: solicitud por escrito del procedimiento, valoración previa de medicina legal, orden y/o remisión de la fiscalía, autorización u orden judicial, y en ocasiones hasta se requiere de la prueba de la violación o de una condena previa contra el victimario. Aún llenando los requisitos, en muchas ocasiones la autorización u orden judicial se emite tardíamente sobrepasando el límite de gestación permitido por la ley. A esto se les suman las presiones psicológicas que reciben del personal de salud, de la fiscalía o de otras autoridades para disuadirlas de tomar esta decisión y, en ocasiones, se enfrentan a la negativa del servicio de médicos objetores de conciencia, donde el Estado no asume su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto legal a través de personal de salud que no sean objetores.
- En los casos de interrupción del embarazo por riesgo para la vida o salud de la mujer, se han identificado los siguientes obstáculos: a) es generalizado que se den interpretaciones restrictivas de la causal salud y que no se admitan razones mentales o psicosociales para la identificación del riesgo en la salud de la mujer, b) falta de información sobre los riesgos a su vida y su salud por enfermedades que pueden agravarse con el embarazo; c) la certificación médica se vuelve un obstáculo, exigiendo un escrito por un médico especialista que advierta específicamente el peligro para la vida o la salud de la mujer y que recomiende la necesidad de la interrupción del embarazo; d) al igual que en el caso de violación, se somete a las mujeres a largas e infundadas esperas.
Paradójicamente, la penalización de la interrupción del embarazo, no inhibe su práctica. “La mayor parte de las legislaciones han intentado resolver el problema del aborto […] mediante su prohibición, lo cual se ha traducido en graves consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países, sin lograr la disminución de la alta tasa de aborto que existe en la región.”[i]
Según datos de la OMS, del total de abortos que se practican en condiciones inseguras en el mundo, el 95.4% ocurre en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas[ii]. En Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros.[iii]
Las cifras nos indican que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro, teniendo graves repercusiones para su vida, su salud y su entorno familiar y social[iv]. Esta problemática afecta de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales.[v]
III. Morbi-mortalidad materna: Violación al derecho a la integridad física y a la vida
Una de las principales y más graves consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-mortalidad materna, a pesar que es una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles[vi]. De acuerdo con cifras estimadas de la OMS a nivel mundial mueren, por lo menos 66,500 mujeres cada año como consecuencia del aborto inseguro. En América Latina y el Caribe el 11% de las muertes maternas es consecuencia de abortos inseguros[vii] y éste se encuentra dentro de las primeras 5 causas.
Las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, presentan el doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que las mujeres entre los 20 y 24 años, y las menores de 15 años, presentan cuatro veces más esta probabilidad.[viii] El embarazo y el aborto en adolescentes, es un problema grave de salud pública.
Además, “más de un millón de mujeres y niñas latinoamericanas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones de aborto inseguro…”[ix] Las complicaciones derivadas de aborto más frecuentes son las “no especificadas”, infecciones genital y pelviana, hemorragias excesivas o tardías, lesión de órganos de la pelvis y tejidos, e insuficiencia renal, entre otras.
Para leer mas sobre el tema: DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Para mas informacion sobre la organizacion: http://www.mujeresafro.org/
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